El equipo de gobierno se siente orgulloso de haber creado las bolsas que han dado trabajo a gran cantidad de vecinos, a pesar de que una sentencia judicial, que ya ha sido recurrida, haya obligado a paralizarlas temporalmente  hasta recabar los informes pertinentes. Esto fue lo que se dijo en el pleno ordinario celebrado el pasado miércoles, donde se explicó ante el máximo órgano local que el ayuntamiento en ningún momento ha incurrido en ninguna ilegalidad, sino que esta sentencia ha venido “por un cambio inesperado e imprevisible en la interpretación de la ley”, según aclaró la portavoz del grupo socialista y concejala de Personal, Virginia Márquez.

Aceptación de toda la oposición y sindicatos

El alcalde, José Antonio Gómez, además apuntó que “creamos las bolsas de trabajo en 2008, en la peor época de crisis que ha conocido España y estoy superorgulloso de ello, porque hemos dado empleo a muchas personas y le hemos permitido sobrevivir en unos momentos muy difíciles”. También recordó que en el momento de su creación tuvieron la aceptación expresa de todos los grupos de la oposición y de los sindicatos, “sin que hayamos recibido ninguna queja ni escrito al respecto en 12 años”. Por ello, el regidor mostró su sorpresa ante las declaraciones vertidas por la oposición entre los vecinos y ante los medios de comunicación.

Precisamente refiriéndose a las acusaciones de la portavoz del PP, María del Carmen Márquez, de fraude en la contratación, la edil de Personal indicó que “la sentencia en ningún momento dice que haya fraude ni ilegalidad alguna, sino que interpreta que los puestos estructurales, es decir, los que se ocupan todo el año, no pueden ser cubiertos con contratos rotativos, que se hacen cada tres meses”. La concejala del PP adujo que las bolsas deberían haberse siempre ajustado a la función que cubrir bajas y vacaciones, ante lo que el propio alcalde respondió que tal cosa “hubiese supuesto hacer aproximadamente unos 10 contratos anuales mientras que hemos hecho más de 3.000 en todo este tiempo”.

Mantenimiento del Consultorio

En este pleno también se dio luz verde al nuevo convenio firmado con el Servicio Andaluz de Salud sobre el mantenimiento del Consultorio. Virginia Márquez explicó que “sin contar el personal de atención al público, los gastos comunes de estas instalaciones ascienden a 14.895,57 euros anuales, la Junta de Andalucía quería rebajar la cantidad que nos daba para ello de 6.000 a 3.292 € y gracias al esfuerzo y negociación de este equipo de gobierno, hemos conseguido que la suba a 8.988,63 €”.

En este nuevo convenio y tras el requerimiento del consistorio, se ha logrado un aumento de aproximadamente un 30% más, aunque “hay que recordar que esta cantidad no llega a costear los gastos reales de mantenimiento del consultorio y que es el ayuntamiento quien lo hace”, ha remarcado el regidor.

Asimismo, se aprobaron por unanimidad tanto las cuentas de 2018 como la moción del PSOE sobre su disconformidad en cuanto al cierre de los Registros Civiles de las pequeñas y medianas poblaciones que quiere llevar a cabo la Junta de Andalucía. A este respecto, la portavoz del equipo de gobierno constató el flaco favor que supondría para los vecinos, sobre todo los de mayor edad, para acceder a servicios tan simples como sacar un certificado de nacimiento.

Igualmente, el alcalde dejó claro la apuesta de la corporación por el municipalismo y remarcó el “fomento de la despoblación de las zonas rurales que supone este tipo de medidas”.